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pintar la casa

Esta es una época ideal para pintar la casa, porque las habitaciones se ventilan mejor y las paredes se secan más rápido. Pintar es muy sencillo y  puede hacer sin ayuda profesional, solo hay que conocer ciertas técnicas y, fundamentalmente, emplear la pintura que mejor se adapte al ambiente.

Existen varios tipos de pinturas, pero entre las de uso más frecuente hay dos grupos bien definidos: la pintura al agua y los esmaltes sintéticos. 

Las primeras vienen en diversas variedades y calidades, y generalmente, cubre muy bien con una mano, salvo que se quiera hacer un cambio radical.
 
Sirven tanto para techos como para paredes, pero no se aconseja utilizarlas sobre madera o metales. Las pinturas sintéticas también son de fácil aplicación, tienen un excelente poder cubridor y se secan rápido. Son un poco más caras que las anteriores, pero vienen en diferentes acabados: mate, brillante o satinado. 

Se pueden usar en exteriores y en interiores; su única desventaja es que resaltan cualquier tipo de imperfección que presente la superficie, así que, antes de decidirse por un esmalte sintético, tenga en cuenta que la pared debe estar en excelentes condiciones.
 
Este tipo de pintura es muy resistente a los detergente y por eso permite que, una vez pintada, la pared se limpie con facilidad.
 
Además, los esmaltes pueden aplicarse sobre superficies de madera y de hierro, y por eso generalmente se los utilizan para cubrir los marcos, las aberturas y los zócalos.
 
Finalmente, antes de elegir un determinado tipo de pintura recuerde que hay ambientes -como la cocina y el baño- que necesitan un tratamiento especial, porque allí se acumulan vapores. En ambos lugares lo mejor es aplicar pinturas anticondensación para que las paredes no “transpiren” o “chorreen”.

En la zona del techo del baño, hacia donde sube el vapor de la ducha, también se debe usar una pintura antihumedad o antihongo. Este tipo de pinturas no necesita un acabado posterior y cubre bien con una mano; además puede aplicarse sobre paredes con humedad rebelde, ya que forman una capa impermeabilizante.

¿Cómo elegir pintura correcta?

La función de una pintura no sólo es embellecer sino también proteger las superficies de los ataques de diversos agentes que están en el medio ambiente. Por eso, para elegir la pintura adecuada es necesario analizar no sólo su aporte estético, también sus características técnicas. Aquí le entregaremos toda la información que usted debe saber para elegir la pintura correcta, como también consejos y datos para lograr un pintado perfecto.

Tome en cuenta que a veces un solo tipo de pintura no basta para proteger adecuadamente una superficie. En esos casos es necesario combinar capas de pintura con diferentes características, cada cual aportará una propiedad específica. Y al momento de pintar, lo que podría requerir esfuerzo adicional son los trabajos de preparación previa y el llegar a alcanzar todas las zonas que necesitan pintura.

El índice de precios para la construcción de vivienda de interés social bajó en abril pasado un 0,08% con respecto a marzo.

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Dentro de los insumos que bajaron de precio, están los marcos y batientes, la cerámica, la pintura para exteriores e interiores, el fibrolit, los azulejos, la madera formaleta y la maquinaria.

Así se desprende de la actualización de este índice que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), junto con la evolución de varios grupos de materiales que se utilizan en la construcción de edificios, viviendas, carreteras y puentes, entre otros.

Sin embargo, un grupo de materiales necesarios para la construcción de viviendas aumentó de precio durante el mes pasado: la instalación eléctrica, las tuberías de PVC, los repellos, los bloques y los fregaderos.

El índice de precios de vivienda de interés social está conformado por una canasta de 32 materiales, clasificados en 19 grupos.

Edificios. El índice de precios para la construcción de edificios, por su parte, aumentó un 0,09% durante el mismo periodo.

Entre los precios que influyeron en el aumento, están el cable de cobre, los tubos EMT, los tubos de PVC, el forro para vigas, el cemento y las cerraduras de puertas.

No obstante, bajaron la cerámica para pisos y la maquinaria.

Abril es la segunda observación de la evolución del los índices de precios de materiales para la construcción, que ahora se miden con base en febrero de este año.

IV Jornada de Derecho Arrendaticio

IV Jornada de Derecho Arrendaticio

Homenaje al Dr. Domingo Sosa Brito.
Viernes 18  de Mayo de 2012, Auditorio Hermano Lanz,

Escuela de Derecho, Edificio de Aulas, módulo 6, piso 3, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., UCAB, inscripciones abiertas desde el 01-04-12 hasta agotarse el cupo.

cierre del tribunal de consignación

El Juzgado 25 del Municipio de Caracas, único del área metropolitana que recibe consignaciones de alquileres, está cerrado desde hace tres semanas por orden de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, denunció la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR) denunció el cierre temporal del Tribunal de Consignaciones de Alquileres de Caracas, único que recibe consignaciones de alquileres comerciales y de viviendas en la Capital. Explica que esta medida -ordenada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura- genera una situación de insolvencia, pues ni inquilinos (unos 35 mil) ni propietarios podrán pagar o retirar los alquileres en el poder judicial.

La setencia No.01791 de fecha 15-12-11 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia indica que el Poder Judicial no es competente para recibir consignaciones del alquiler de vivienda.

Apiur también alertó del hecho que “el nuevo procedimiento de consignación sería llevado por la Superintendencia de arrendamientos, pero esta no está operativa en todas las ciudades y no esta preparada a nivel nacional para recibir las consignaciones”.

consignación de alquileres en Caracas

El cierre temporal del Tribunal de Consignaciones de Caracas causa problemas a inquilinos y dueños de viviendas.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez, calcula que la medida tomada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por causa de un inventario, afecta a alrededor de 35.000 propietarios.

A 6 meses de la promulgación de la Ley de Arrendamientos se ha creado una grave situación ante la decisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de cerrar por inventario el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, único que recibe consignaciones de alquileres comerciales y de vivienda. Este tribunal debería quedar operativo, ya que su cierre implica graves consecuencias.

Una sentencia No.01791 de fecha 15-12-11 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció basado en la Ley de Arrendamientos de Vivienda que el Poder Judicial no es competente para recibir consignaciones del alquileres de vivienda.

Los inquilinos de vivienda y comercio han quedado en una grave situación ya que no pueden consignar sus alquileres y les han cerrado forzosamente la posibilidad de pagar. Cerca de 35.000 inquilinos son los afectados por esta situación, creándoles un estado general de insolvencia.

Los inquilinos comerciales han quedado también afectados a pesar que los cambios legales son solo para vivienda, ya que estos se siguen rigiendo por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

También han quedado afectados los propietarios de inmuebles comerciales y vivienda que retiran mensualmente sus cánones de arrendamientos, siendo para muchos su único sustento.

El nuevo procedimiento de consignación sería según el Artículo 71 de la Ley de Arrendamientos en la Superintendencia de Arrendamientos, pero esta no está operativa en todas las ciudades y en Caracas está exigiendo a los inquilinos una copia certificada del expediente que está en el Tribunal de Caracas, copias certificadas que son imposibles de obtener en el tribunal cerrado.

Otro de los problemas radica en la Disposición Transitoria Novena de la nueva Ley de Arrendamientos de Vivienda, la cual establece que los cánones de arrendamientos que no sean retirados por los arrendadores o propietarios antes del 12 de noviembre de 2012, perderán los cánones de arrendamiento consignados en los tribunales, ya que los mismos pasarán a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador, pero al estar cerrado el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, no se pueden retirar los cánones.

Apiur estima que le serán confiscados solo en Caracas, treinta millones de bolívares fuertes (BsF.30.000.000,oo) de propiedad privada a los propietarios y arrendadores y se estima que en el interior del país otros BsF.40.000.000,oo, totalizando BsF.70.000.000,oo a nivel nacional, que pasarán a ser manejados por el Ejecutivo Nacional.

La Disposición Transitoria Novena de la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, establece:

“Los arrendadores y arrendatarios o arrendatarias que se encuentren sujetos al procedimiento de consignación judicial de pagos, producto de la relación arrendaticia ante los tribunales de consignación de la República, tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para adecuar el pago del canon de arrendamiento, en base a las condiciones establecidas en el artículo 68 de la misma.

Transcurrido el año referido, prescribe la acción de retirar lo consignado por parte de los titulares de la relación arrendaticia y los recursos que se encuentren sin reclamo, en las cuentas bancarias destinadas a consignación, serán destinados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda al Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.”

Esta disposición establece que los cánones de arrendamientos que no sean retirados por los arrendadores o propietarios antes del 12 de noviembre de 2012, un año después de la publicación de la Ley en cuyo beneficio se haya hecho la consignación arrendaticia, perderán los cánones de arrendamiento consignados en los tribunales, ya que el mismo pasará a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

Los juicios de consignaciones de cánones de arrendamiento, son procedimientos judiciales llevados por el Poder Judicial, donde este ejerce la custodia del dinero propiedad del arrendador o arrendatario, a los efectos de probar la solvencia del inquilino, ante la voluntad del arrendador de no recibir el pago o ante la imposibilidad del inquilino de localizarlo o de aquel de poder realizar el cobro.

El Artículo 55 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios derogada para lo relativo a vivienda, es muy clara al establecer “sólo podrá ser retirada por el beneficiario de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arrendatario o el tercero consignante”, por lo que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, no puede retirar los cánones de arrendamientos consignados, debido a que forman parte estas cantidades de juicio de oferta real inquilinaria en la cual la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda evidentemente no es parte.

No debe una normativa disponer retroactivamente del dinero que han depositado los arrendatarios en favor de los arrendadores. Esta disposición prácticamente obliga al arrendador a retirar los cánones de arrendamientos, sin importar las consecuencias jurídicas que tenga este retiro.

El hecho de que cantidades de dinero consignadas como cánones de arrendamientos que son de propiedad exclusiva de los particulares beneficiarios, sean transferidas desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, implica la trasferencia de las funciones de un Poder Público a otro Poder Público e implica la clara confiscación de los cánones de arrendamiento, donde el ejecutivo le pone la mano al dinero de los particulares, al igual que se pretende hacerlo con las prestaciones sociales, pero de manera más grave porque los propietarios perderán totalmente sus derechos.

El hecho de que la mayoría de los propietarios y arrendadores del país estén desinformados sobre esta grave situación acentúa los efectos masivos de la disposición. Millones de bolívares propiedad de los arrendadores, pasarán a un fondo que no sabemos si en realidad va a beneficiar a los “pequeños propietarios”.

¿Podrán los propietarios ejercer contraloría social sobre el fondo? ¿Se rendirán cuentas sobre este grueso fondo que empezará a manejarse el 12-10-12?

Esta disposición implica otro claro atropello a la propiedad privada y los derechos ciudadanos. Apiur introdujo un recurso de nulidad contra esta inconstitucional disposición.

El oficio de invadir

“La cosa es así: tú te peleas por un espacio y te dan el apartamento”, cuenta él, un joven que a sus 20 años ya ha participado en varias ocupaciones en la ciudad. Vino a Caracas con la esperanza de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Su tía lo introdujo en este oficio, el de invadir. Recuerda su primera vez: le ofrecieron la posibilidad de optar por una vivienda en Catia y, aunque le advirtieron que podía ser peligroso, dijo que estaba “dispuesto a guerrear”.

Según cifras del Observatorio de Propiedad Privada, en 2011 se registraron 244 intentos de invasiones en el país, y sólo en enero y febrero de 2012 ese organismo contabilizó 64 intentos.

Felipe Benites, que preside el observatorio, explica que en los últimos dos años ha habido un patrón que se repite: en febrero se presenta un pico en las invasiones. “Es pronto para saber la razón, pero puede estar relacionado con el inicio del año, logran captar más gente necesitada. Pero hay que estudiar el fenómeno en detalle”, dice. De acuerdo con la tradición de datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre del año la tasa de desempleo es más alta.

La mecánica invasora implica varios pasos, que se cumplen en casi todos los intentos. Lo primero, cuenta Benites, es determinar qué edificios están abandonados y si tienen problemas: deudas con el Gobierno, dueños en el exterior o que no se ocupan de sus inmuebles. Para este diagnóstico hay algunos actores fundamentales.

“Hemos descubierto que trabajan con los sindicatos de la construcción, son estos los que pasan la información del inmueble y notifican que están en desuso”, indica Erick Materano, supervisor jefe de Polichacao, que ha estado a cargo de varios desalojos, aunque en ese municipio no hay muchos inmuebles abandonados.

El joven invasor reconoce que la ocupación no se hace de manera espontánea. Convocan a una reunión en uno de los edificios ya tomados para explicar cómo se tomará el siguiente. “Nunca sabemos cuál es el próximo edificio. Eso nos lo comunican el mismo día.

Todo el mundo está preparado y cuando llegan los que dirigen la cosa, los guardianes, dicen `nos vamos”, relata.

Nombre completo, número de cédula e ir acompañados.

Esos son los requisitos del rito inicial. Los dos primeros, para todo el papeleo ­dice­, lo segundo por protección. “Es una condición traer un apoyo.

Para que el edificio no se quede solo. Porque la mayoría de las personas se van a trabajar durante el día y si viene la policía entonces habrá muy poquita gente para defender el edificio”.

Además de requisitos, los dirigentes piden colaboraciones: llevar bolsas de basura para limpiar los escombros del edificio, escobas para barrer y hacer una limpieza a fondo del sitio. También una bandera de ocho estrellas.

“Cuando uno va a hacer la toma te piden que lleves gasolina y botellas vacías para la defensa. Vinagre, agua y pañuelos para no sentir tanto el efecto de las bombas lacrimógenas”, cuenta el tomista.

Cuando llega la policía, siempre es recibida de forma hostil, refiere el supervisor Materano. Encuentran más resistencia en los dirigentes, asegura. Siempre desautorizan a los funcionarios delante del grupo de personas que intenta invadir.

“Les dicen que nosotros (la policía) no podemos hacerles nada, por mandato de ley, por orden presidencial”, expresa.

Las formas de actuar de los invasores son similares, lo que genera suspicacia entre los cuerpos policiales que tratan de evitarlas. “Sí, vemos gente repetida en las tomas. Por eso sabemos que es una cosa organizada, no espontánea”, afirma Materano.

Para Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, la señal más clara de que existe un plan concertado es que se producen varias tomas simultáneas en la ciudad. “Hemos detectado que existen al menos cuatro organizaciones dedicadas a invadir; se han hecho las denuncias en la Fiscalía, pero la impunidad por la no imputación del delito, dificulta el desalojo”, señala el presidente de Apiur.

El invasor de oficio se vale de una suposición: su actividad está amparada por el Gobierno. “Nos comentan que las probabilidades de que nos quedemos con el edificio dependen de que siga Chávez en la Presidencia, pues si cae, todos van para afuera”, manifiesta el joven.

Una líder comunal de Nueva Tacagua que se dedicó por muchos años a reclamar viviendas ­pide no revelar su identidad­ asevera que el Gobierno ha promovido expropiaciones, pero no las tomas ilegales. Hace énfasis en diferenciar expropiación de toma.

Animadas con el apoyo del discurso oficial, ella y otras líderes se dedicaban a identificar edificios abandonados en Caracas y solicitaban su expropiación. En noviembre de 2006 dirigieron a Darío Vivas, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea, y al diputado Juan Carlos Alemán, integrante del mismo grupo parlamentario, una carta en la que pedían su apoyo para expropiar varios inmuebles en Caracas. La misiva tiene sello de recibido.

Allí piden “ayuda incondicional en cuanto a las expropiaciones de las edificaciones que no se encuentren en la actualidad en utilidad pública”.

Reseñan también una lista de inmuebles con su dirección y el estado jurídico en que se encuentran. Allí aparecen los edificioas: Askain, en la calle Guaicaipuro de El Rosal; Jardín Valle Abajo, en Paseo Los Ilustres; Montreal, en la Avenida Principal de Las Palmas, y La Coromoto, en Las Acacias. La solicitud incluye fotos de “los edificios a expropiar”, y así lo dice textualmente.

Esta líder comunitaria también reconoce que recibían ayudas del concejal del municipio Libertador Alexander Nebreda. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, denunció que Nebreda, miembro del PSUV, había apoyado a los líderes de la invasión de la Torre Confinanzas.

En una declaración a un medio oficial, Nebreda desmintió esa afirmación, aunque reconoció que en un principio permitieron la habitabilidad de la torre como solución de vivienda. “En 2005, cuando se desbordó la quebrada Anauco, cerca de 150 familias fueron afectadas por las lluvias y se ordenó ocupar temporalmente los edificios desocupados y abandonados”, aclaró.

Un año antes ­el 25 de agosto de 2004­, el presidente Hugo Chávez había pedido a gobernadores y alcaldes su colaboración para aplicar la expropiación por causa de utilidad pública, a través de las Ordenanzas Municipales. “El engorde de terrenos es contrario a la Constitución. Hago un llamado para construir el nuevo Estado social de derecho y de justicia”.

En abril de 2010, ya con el socialismo como modelo de gobierno definido, Chávez fue más enfático sobre los edificios y terrenos vacíos: “Vamos por ellos, porque tenemos que construir ahí las viviendas”. El censo de la Gran Misión Vivienda Venezuela detectó que, en 2011, 2.2456.654 familias manifestaron necesitar un techo.

Niños y mujeres, primero. Desde hace 10 años el modus operandi es el mismo, asegura Roberto Orta; “Entran de forma violenta, a veces están armados, rompen las cerraduras o amenazan a los vigilantes. Lo hacen a altas horas de la noche para no levantar sospechas de los vecinos”.

El comisario Materano indica que en todos los casos van mujeres embarazadas y, sobre todo, muchos niños. La presencia de menores de edad es frecuente porque dificulta el desalojo y la usan como protección de las fuerzas de seguridad policial. “Llamamos al consejero de protección del niño y del adolescente, y a los fiscales respectivos. Siempre tratamos de desalojar por las buenas”, indica Materano.

William Contreras, director de la Policía Municipal de Sucre, coincide: “Siempre llevan 10 o 12 niños, y los mantienen allí para evitar que los desalojen”. Materano sostiene que los invasores suelen ser personas que viven en pobreza, pero que son captadas y enviadas para cometer la toma del sitio.

El oficial cuenta que los líderes cobran hasta 5.000 bolívares a cambio de la promesa de una vivienda. “Cuando los desalojamos, suelen preguntarnos quién les devolverá su dinero, y así descubrimos que ellos pagan por el traslado y el derecho de ser convocados para invadir el sitio”, comenta Materano. A pesar de que el municipio que cuenta con más inmuebles invadidos es Libertador, en Sucre hubo un boom en 2012: contabilizaron 45 tomas ilegales.

Para Rebeca Senia, representante de un consejo comunal en San Bernardino, la prueba más clara de que los invasores están protegidos por el Gobierno es que los cuerpos de seguridad del Estado no solucionen el problema. “Muchos policías no están de acuerdo, nos confiesan que ellos sólo están cumpliendo órdenes”, expresa.

El joven invasor cuenta que la mayoría de las personas con quienes ha compartido en las tomas son afectos al gobierno de Chávez y, si no lo son, dentro del edificio tienen que pretender que están de acuerdo, dice. “No nos dicen que tenemos que ir a las marchas; nos dicen que tenemos que ir a votar. ¿Por qué? Porque si Chávez sale del gobierno, todos salimos”.

Cuestión de familia. En El Hatillo se señala a una familia de marcar el destino de las tierras a través de tomas ilegales. Las hermanas León son acusadas por los vecinos ­de voz, pero también con denuncias formales­ de dirigir tomas ilegales en los últimos años en los sectores La Chivera, Garrapata y Corralito del municipio del sureste caraqueño.

Cuentan que las hermanas llegaron hace veinte años al inhóspito Corralito. Allí se establecieron contra las adversidades. En dos meses ya habían construido dos precarias viviendas. En los dominios de las hermanas León se impone la ley de posesión. Vianney León apela al legado del apellido para justificar la toma de terrenos. “La posesión mata título porque nosotros hemos sido los poseedores legítimos de las tierras de El Hatillo. Somos descendientes del fundador del municipio”. Así lo dijo en una entrevista a Aporrea TV, en agosto de 2011.

El modo de operar de estas “invasoras de oficio” es particular. Un vecino, que prefiere no revelar su nombre, describe cómo se defienden de los propietarios: “Se meten, limpian y llaman a otras invasoras. Buscan títulos supletorios y con ellos alegan que están ahí desde hace años”.

El título supletorio es un documento que otorga un juez para justificar la propiedad de un inmueble. Así otorga el derecho de superficie a los que, a sus expensas, han construido bienhechurías. Sin embargo, en ningún caso concede la propiedad del terreno ni puede violar los derechos de terceros.

En 1998 las León se asentaron en los terrenos de la empresa Roca Gas, en Corralito.

Aunque la compañía interpuso una querella en 1999, transcurrió un año para que obtuviesen respuestas del Ministerio Público: se restituyó la posesión a favor de Roca Gas.

En 2002 la empresa Inversiones Tusmare también logró que los tomistas abandonaran sus terrenos en la zona.

El conflicto se salió de los predios de Corralito el 16 de septiembre de 2011. Juan Carlos Loyo, entonces ministro de Agricultura y Tierras, se abrió paso dentro de Corralito con una tropa de supuestos campesinos, entre ellos Vianney y María Antonia León, para reafirmar la apertura de un procedimiento de rescate de 185 hectáreas. El acto fue televisado y se consigue en la página web Youtube. María Antonia León fue contactada para este reportaje. Aunque inicialmente aceptó dar una entrevista, después no fue posible contactarla.

La medida encabezada por Loyo representó un puño en la garganta para los propietarios de los terrenos. ¨Somos más de 350 familias afectadas por esta acción. Todos tienen documentos legales, registrados en 1736. Además, estos terrenos no tienen vocación agrícola”, afirma Miguel Arjona, propietario de una vivienda en Corralito.

Sobre las hermanas León también pesan varias denuncias por agresión a vecinos de El Hatillo. El 28 de octubre de 2011 fueron acusadas ante el Destacamento 52 del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional porque habían amenazado con agredir a propietarios de los terrenos de Corralito. El turístico municipio caraqueño también es apetecible para los tomistas de oficio.

Camara de la Construccion augura mal año para el sector.

Asegura que en el primer trimestre del año, no se iniciaron nuevos proyectos de construcción en el país. “Se terminaron las obras ya iniciadas por los compromisos de entrega. Las nuevas leyes han generado mucha incertidumbre”, declaró.

Sostiene que el tema de los insumos para la construcción privada “no ha cambiado”, se mantiene la escasez y el material disponible por parte del sector oficial está destinado para la Misión Vivienda exclusivamente. Afirma que las leyes de arrendamiento y contra la estafa inmobiliaria, promulgada el 30 de abril, harán que el sector privado deje de crecer. “Cada marco legal viene a paralizar. Es un cerco completo al sector”.

Los alegatos del sector construcción

La recuperación del sector construcción privado ha tardado, en medio de un escenario de reactivación del ramo público, debido a la edificación de soluciones habitacionales por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La escasez de insumos, principalmente cabilla y cemento, a la par de legislaciones punitivas, ha restado fuerza a una de las actividades con mayor potencial empleador en el país.

Aunque la necesidad de aliar los esfuerzos del sector público y privado ha sido parte del discurso tanto del Gobierno como de los gremios de la construcción, la fórmula no se ha concretado y, por ende, la coalición tampoco.

En paralelo, los precios de los insumos de la construcción a nivel de mayorista siguen en alza. Cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que en abril aumentaron 0,4 por ciento, pero en los últimos 12 meses registran un ascenso de 15,8 por ciento.

En el cuarto mes del año, los equipos de alarma y detección de incendios son los que registran la mayor alza con un incremento de 6,6 por ciento, mientras que entre abril de 2011 y el mismo mes de 2012 los productos asfálticos lideraron la inflación con un aumento de 57,2 por ciento, seguidos de cementos, cales y otros con una variación de 29,3 por ciento.

El presidente de la Cámara de la Construcción del estado Bolívar, Oscar Gómez, expresa que ese sector es uno de los más afectados en Venezuela.

– ¿Cómo analizan la situación del sector privado de la construcción actualmente en Bolívar?
– El sector está muy afectado, no solo por la escasez de cemento, cabillas y los agregados finos y gruesos, especialmente la piedra, que escasea desde hace varios trimestres. Los camioneros tardan mucho tiempo para obtener el suministro en las canteras y eso se suma al precio, por eso nos conseguimos con precios bastante exagerados.

– Este lunes los fabricantes de bloques, prefabricados y placas publicaron un comunicado dirigido a Cementos de Venezuela debido a la escasez de cemento…
– Lo presentado por este sector nos afecta a todos. La escasez que reina en lo que se refiere a cemento y la especulación existente con lo poco que se consigue, ha afectado a los bloqueros y constructores de placas. Tienen varias semanas sin fabricar y al ellos no poder elaborar su producto final, nos afecta a todo el sector construcción.

– ¿En qué nivel está la especulación del rubro?
– El cemento está regulado en poco más de 20 bolívares, y he sabido de ferreterías que lo venden de manera legal en 50 bolívares por saco. En sitios emblemáticos, como la redoma de El Dorado, se vende hasta en 70 bolívares, un precio bastante exagerado.

– ¿Se han dirigido de manera formal a Cementos de Venezuela para solicitar un balance de la producción?
– Nos vamos a dirigir a Cementos de Venezuela para evaluar la fórmula más ideal para abastecer no sólo a nuestro sector sino a los bloqueros que forman parte de la cadena de suministro de la construcción.

– La escasez de materiales de la construcción alarga los tiempos de construcción y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria establece plazos de hasta 24 meses ¿Cómo puede operar el sector en este escenario?
– Las construcciones demoran más de 24 meses con estas situaciones. Con lo que se habla de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que indica que los nuevos proyectos tienen hasta 24 meses para culminar, visualizamos que únicamente serán culminados los que se están llevando a cabo para evitar las sanciones. Esta Ley es muy punitiva, no hay equilibrio a favor del constructor.

– El Gobierno ha expropiado proyectos inmobiliarios por retrasos, pero la escasez de materiales continúa e incide en la ejecución de las obras. ¿Cómo ven esta situación?
– El Gobierno se defiende porque tiene estos materiales que están volcados para asumir los compromisos con la Misión Vivienda. Pero el sector privado está afectado por esta situación. Lo que se propone es que se deben tomar decisiones que vayan en función de un equilibrio entre los sectores.

– El gremio de la construcción siempre recalca la alianza necesaria entre el sector público y (el) privado pero, ¿hay resultados concretos?
– En el estado Bolívar nos hemos reunido con el sector público. Siempre hemos hablado de la alianza pero no se ha terminado de concretar, siempre estamos en eso (…) tenemos muchos años en eso.

Incidencias de la Lottt en la construcción

La Cámara de la Construcción del estado Bolívar realizará el 16 de mayo un foro en torno de la repercusión de la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en la industria de la construcción. La facilitadora será la abogada Vilma Vargas, especialista en Derecho Laboral y presidenta de la comisión laboral del gremio.

El foro se desarrollará durante todo el día, con un análisis comparativo de los principales cambios y ejercicios prácticos para determinar el impacto.

La reducción de la jornada laboral, así como la inamovilidad, son algunos de los factores que más pueden afectar al sector, indicó Vargas.

Noticias 24. 09-04-12.

El mercado de alquiler de inmuebles se ha reducido notoriamente a casi cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada el 12 de noviembre de 2011 por el presidente de la República Hugo Chávez.

Es el municipio del Área Metropolitana de Caracas que se vio más perjudicado por las disposiciones de la Gaceta Oficial 39.896, en la cual se establece la afectación de 123 Áreas Vitales de Vivienda y de Residencias, para la construcción de edificaciones. 32 de estos terrenos se encuentran en el Distrito Capital.

En la parroquia El Valle se desarrolla el proyecto Nuevos Barrios Jardines de Valle, el Plan Habitacional Las Marías y el Plan Habitacional Nuevos Barrios Longaray. En Macarao decretaron dos terrenos para Avivir en el sector El Ciprés, mientras que en Caricuao dos zonas más fueron declaradas para la construcción de viviendas. Terrenos en La Yaguara, Bellas Artes, Las Mayas y San Bernardino también forman parte del decreto.

Las áreas de vivienda se crearon en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, publicada en enero de 2011. El instrumento se propuso la reordenación integral del territorio para destinarlo “con prioridad y urgencia a la construcción de viviendas”. Su calificación se da por decreto presidencial, en áreas consideradas ociosas, abandonadas o subutilizadas.

“La afectación de un área para Avivir es socialmente correcta en su intención, ahora hay que velar porque su ejecución urbanística también sea la correcta”, afirmó Gustavo Rivas, director de Catastro del municipio Sucre, con relación a la necesidad de evitar el colapso de los servicios públicos en las zonas señaladas.

Sucre es la segunda jurisdicción más afectada por las disposiciones contenidas en la Gaceta Oficial que circuló el 2 de abril. En el municipio, 13 terrenos entraron en la clasificación: 4 en La Urbina, 3 en Palo Verde y el resto en el Marqués Norte, Boleíta Norte, Boleíta Sur, el Marqués Sur, California Sur y Tocome.

Zonificación y usos

De los espacios afectados en Sucre, uno iba a ser utilizado por el equipo de fútbol Real Esppor para la construcción de un complejo deportivo, sin embargo, el terreno fue invadido en febrero de este año. El identificado como Tocome fue expropiado hace más de cuatro años para convertirlo en un núcleo endógeno.

Rivas reconoce que en el caso de Sucre todos eran terrenos abandonados o subutilizados: “Lo importante es que una vez que desarrollen las viviendas, los urbanismos sean dotados de servicios y vialidad y que funcionen de forma integrada con la ciudad”.

En Baruta se decretaron dos zonas para ejecutar el plan Avivir, específicamente en Las Minitas y en el sector Lucha y Perseverancia. En el caso de Las Minitas, Blanca Lucchetti, directora de Planificación Urbana y Catastro, explicó que se trata de un ejido municipal.

“Allí hay viviendas consolidadas y la alcaldía ha entregado títulos de propiedad del terreno. Incluso había un proyecto para mejorar los servicios públicos en la zona”, explicó.

La urbanización El Retiro de Chacao también está incluida en la afectación, aunque en la Gaceta Oficial es identificada con el nombre de 22 de enero.

Fuente: www.elnacional.com

Las operaciones de compra y venta de locales comerciales y oficinas en el Área Metropolitana de Caracas cada año son menores y al cierre de 2011 registraron descensos de entre 26 y 60% al comparar con los períodos de boom como fueron los años 2007 y 2008.

Según cifras de las firmas Tir Inmobiliarios y Cinpro, en el área de locales comerciales el pasado año se efectuaron 861 transacciones, lo que refleja una caída de 26% en relación al resultado de 2008, cuando se registraron 950 operaciones.

Representantes del sector señalan que las operaciones se han desacelerado y agregan que los precios no crecen como en otros períodos.

En 2011 el valor promedio del metro cuadrado de los locales comerciales fue de 11.271 bolívares, lo que muestra un incremento de 26% con respecto a 2010, cuando era de 8.946 bolívares. Pero en 2006 y 2007 los precios llegaron a dispararse más de 100%.

Aunque el mercado de locales ya no tiene el mismo comportamiento de otros períodos, la Asamblea Nacional prepara una regulación para el sector. En el papel de trabaja que revisa el Parlamento se indica que “es necesario legislar sobre los casos del pago del condominio de los centros comerciales así como de las modalidades de alquileres y contratos que se firman, porque eso se ha convertido en una verdadera explotación para las familias que necesitan para su sustento productivo este renglón de la economía formal”.

Cuando se aprobó la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en noviembre del pasado año, los diputados decidieron dejar la regulación de los locales comerciales bajo la Ley de Alquileres del año 1999 hasta que se definiera un nuevo instrumento legal, y es precisamente en ello que se está trabajando actualmente.

Otros sectores

El mercado de oficinas también se enfrenta a una desaceleración.

En 2011 se realizaron 327 operaciones de compra y venta de oficinas, lo que presenta un desplome de 60% respecto al 2008, cuando se llegaron a efectuar 815 transacciones.

Representantes del sector inmobiliario comentan que en cada ejercicio hay menos operaciones y agregan que la oferta es restringida dado que hay pocos proyectos de construcción de edificios destinados a este sector. Añaden que los precios están estancados.

El valor promedio del metro cuadrado de oficinas al cierre del pasado año fue de 13.660 bolívares y muestra un aumento de 11% con respecto a 2010, cuando fue 12.271 bolívares. Y al igual que los locales comerciales, en 2007 y 2008 los precios llegaron a subir hasta un 60%.

Fuente: www.tusmetros.com

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), aseguró que ven con preocupación “cómo se está procediendo a ocupar las propiedades y no se están indemnizando a los propietarios”.

“El deber ser es que se ocupe la propiedad y se llegue a un acuerdo amigable. No obstante, esto no está ocurriendo en Venezuela y lo que estamos viendo es la confiscación de propiedades a nivel nacional y eso no permite la inversión”, sostuvo.

Sánchez estimó que alrededor de “1.200 terrenos urbanos han sido tomado bajo las condiciones antes mencionadas”.

Resaltó que cuando un propietario se ve afectado, “puede acudir a un Tribunal a exigir la indemnización de su propiedad”.

“La Ley de Arrendamiento de Viviendas ha traído efectos negativos en la sociedad, pues vemos en los diarios del país que la oferta de alquiler es casi nula. Por otra parte, las superintendencias no están constituidas en todos los estados de Venezuela”, precisó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Finalmente, consideró que “el derecho a una vivienda debe estar en equilibrio con el respeto a la propiedad”.

Fuente: www.tusmetros.com

“El deber ser es que se ocupe la propiedad y se llegue a un acuerdo amigable. No obstante, esto no está ocurriendo en Venezuela y lo que estamos viendo es la confiscación de propiedades a nivel nacional y eso no permite la inversión”,sostuvo.

Sánchez estimó que alrededor de “1.200 terrenos urbanos han sido tomado bajo las condiciones antes mencionadas”.

Resaltó que cuando un propietario se ve afectado, “puede acudir a un Tribunal a exigir la indemnización de su propiedad”.

“La Ley de Arrendamiento de Viviendas ha traído efectos negativos en la sociedad, pues vemos en los diarios del país que la oferta de alquiler es casi nula. Por otra parte, las superintendencias no están constituidas en todos los estados de Venezuela”, precisó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

Finalmente, consideró que “el derecho a una vivienda debe estar en equilibrio con el respeto a la propiedad”.

Estas declaraciones fueron emitidas por Sánchez durante su participación en el programa “Al Descubierto”, que transmite Venevisión.

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