Cierre temporal del tribunal impide la consignación de alquileres en Caracas

consignación de alquileres en Caracas

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Consignación de alquileres

El cierre temporal del Tribunal de Consignaciones de Caracas causa problemas a inquilinos y dueños de viviendas.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez, calcula que la medida tomada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por causa de un inventario, afecta a alrededor de 35.000 propietarios.

A 6 meses de la promulgación de la Ley de Arrendamientos se ha creado una grave situación ante la decisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de cerrar por inventario el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, único que recibe consignaciones de alquileres comerciales y de vivienda. Este tribunal debería quedar operativo, ya que su cierre implica graves consecuencias.

Consignaciones del alquileres de vivienda.

Una sentencia No.01791 de fecha 15-12-11 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció basado en la Ley de Arrendamientos de Vivienda que el Poder Judicial no es competente para recibir consignaciones del alquileres de vivienda.

Los inquilinos de vivienda y comercio han quedado en una grave situación ya que no pueden consignar sus alquileres y les han cerrado forzosamente la posibilidad de pagar. Cerca de 35.000 inquilinos son los afectados por esta situación, creándoles un estado general de insolvencia.

Los inquilinos comerciales han quedado también afectados a pesar que los cambios legales son solo para vivienda, ya que estos se siguen rigiendo por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

También han quedado afectados los propietarios de inmuebles comerciales y vivienda que retiran mensualmente sus cánones de arrendamientos, siendo para muchos su único sustento.

Procedimiento de consignación

El nuevo procedimiento de consignación sería según el Artículo 71 de la Ley de Arrendamientos en la Superintendencia de Arrendamientos, pero esta no está operativa en todas las ciudades y en Caracas está exigiendo a los inquilinos una copia certificada del expediente que está en el Tribunal de Caracas, copias certificadas que son imposibles de obtener en el tribunal cerrado.

Otro de los problemas radica en la Disposición Transitoria Novena de la nueva Ley de Arrendamientos de Vivienda, la cual establece que los cánones de arrendamientos que no sean retirados por los arrendadores o propietarios antes del 12 de noviembre de 2012, perderán los cánones de arrendamiento consignados en los tribunales, ya que los mismos pasarán a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador, pero al estar cerrado el Juzgado 25 de Municipio de Caracas, no se pueden retirar los cánones.

Apiur estima que le serán confiscados solo en Caracas, treinta millones de bolívares fuertes (BsF.30.000.000,oo) de propiedad privada a los propietarios y arrendadores y se estima que en el interior del país otros BsF.40.000.000,oo, totalizando BsF.70.000.000,oo a nivel nacional, que pasarán a ser manejados por el Ejecutivo Nacional.

La Disposición Transitoria Novena de la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, establece:

“Los arrendadores y arrendatarios o arrendatarias que se encuentren sujetos al procedimiento de consignación judicial de pagos, producto de la relación arrendaticia ante los tribunales de consignación de la República, tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley para adecuar el pago del canon de arrendamiento, en base a las condiciones establecidas en el artículo 68 de la misma.

Transcurrido el año referido, prescribe la acción de retirar lo consignado por parte de los titulares de la relación arrendaticia y los recursos que se encuentren sin reclamo, en las cuentas bancarias destinadas a consignación, serán destinados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda al Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.”

Fondo de Protección al Inquilino

Esta disposición establece que los cánones de arrendamientos que no sean retirados por los arrendadores o propietarios antes del 12 de noviembre de 2012, un año después de la publicación de la Ley en cuyo beneficio se haya hecho la consignación arrendaticia, perderán los cánones de arrendamiento consignados en los tribunales, ya que el mismo pasará a formar parte del Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador.

Los juicios de consignaciones de cánones de arrendamiento, son procedimientos judiciales llevados por el Poder Judicial, donde este ejerce la custodia del dinero propiedad del arrendador o arrendatario, a los efectos de probar la solvencia del inquilino, ante la voluntad del arrendador de no recibir el pago o ante la imposibilidad del inquilino de localizarlo o de aquel de poder realizar el cobro.

El Artículo 55 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios derogada para lo relativo a vivienda, es muy clara al establecer “sólo podrá ser retirada por el beneficiario de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arrendatario o el tercero consignante”, por lo que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, no puede retirar los cánones de arrendamientos consignados, debido a que forman parte estas cantidades de juicio de oferta real inquilinaria en la cual la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda evidentemente no es parte.

No debe una normativa disponer retroactivamente del dinero que han depositado los arrendatarios en favor de los arrendadores. Esta disposición prácticamente obliga al arrendador a retirar los cánones de arrendamientos, sin importar las consecuencias jurídicas que tenga este retiro.

El hecho de que cantidades de dinero consignadas como cánones de arrendamientos que son de propiedad exclusiva de los particulares beneficiarios, sean transferidas desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, implica la trasferencia de las funciones de un Poder Público a otro Poder Público e implica la clara confiscación de los cánones de arrendamiento, donde el ejecutivo le pone la mano al dinero de los particulares, al igual que se pretende hacerlo con las prestaciones sociales, pero de manera más grave porque los propietarios perderán totalmente sus derechos.

El hecho de que la mayoría de los propietarios y arrendadores del país estén desinformados sobre esta grave situación acentúa los efectos masivos de la disposición. Millones de bolívares propiedad de los arrendadores, pasarán a un fondo que no sabemos si en realidad va a beneficiar a los “pequeños propietarios”.

¿Podrán los propietarios ejercer contraloría social sobre el fondo? ¿Se rendirán cuentas sobre este grueso fondo que empezará a manejarse el 12-10-12?

Esta disposición implica otro claro atropello a la propiedad privada y los derechos ciudadanos. Apiur introdujo un recurso de nulidad contra esta inconstitucional disposición.

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